Dincat denuncia la gran discriminación que sufre el colectivo en el acceso a los derechos sexuales y reproductivos Seis de cada diez mujeres con discapacidad intelectual declara que no ha elegido los anticonceptivos que utiliza
Dincat denuncia la gran discriminación que sufre el colectivo en el acceso a los derechos sexuales y reproductivos
Seis de cada diez mujeres con discapacidad intelectual declara que no ha elegido los anticonceptivos que utiliza y el 83% no mantiene relaciones sexuales en la actualidad, según un estudio impulsado por Plena Inclusió Espanya. Una de las principales denuncias del colectivo, con motivo del 8-M, es la gran discriminación que sufren las mujeres en relación con el acceso a los derechos sexuales y reproductivos.
Las mujeres del colectivo sufren una discriminación interseccional por ser mujeres y tener una discapacidad al mismo tiempo. Menor acceso a la educación, una mayor tasa de paro, salarios inferiores y un mayor riesgo de sufrir abuso sexual son algunas de las situaciones a las que deben hacer frente estas mujeres a lo largo de su vida. «Una realidad que, todavía hoy, no está suficientemente reconocida, ni estudiada», alerta Dincat, en un comunicado.
Una de las principales denuncias de este 8-M es la gran discriminación que sufren las mujeres con discapacidad intelectual en relación con el acceso a los derechos sexuales y reproductivos. De hecho, el citado estudio alerta también de que el 47% de las mujeres con discapacidad intelectual no tiene pareja; el 80% habla nada o poco sexo; y sólo seis de cada 100 mujeres tiene hijos o hijas.
Por todo ello, Dincat reclama el compromiso y la responsabilidad de las administraciones públicas, y de la sociedad en general, para impulsar iniciativas que avancen hacia la igualdad de género teniendo en cuenta al colectivo. Además, el sector pide que se haga poniendo en valor el papel de las propias mujeres con discapacidad intelectual en la lucha feminista, haciéndolas participas del movimiento y visibilizando su liderazgo.
El acceso eficiente y adaptado a los servicios de salud, incluidos los de salud sexual y reproductiva; el cumplimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género teniendo en cuenta a las mujeres con discapacidad a la hora de impulsar las políticas de prevención y abordaje; o la puesta en marcha de políticas de empleo que reduzcan la alta tasa de paro entre las mujeres con discapacidad; son algunas de las principales demandas del sector.
