163 días para alcanzar la igualdad salarial

– La Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, PREDIF, con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, denuncia la situación de especial vulnerabilidad a la que se enfrentan las mujeres

– La Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, PREDIF, con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, denuncia la situación de especial vulnerabilidad a la que se enfrentan las mujeres con discapacidad, cuyos salarios son un 12,5 % más bajos que los de los hombres con discapacidad, un 14,7 % inferiores a los de las mujeres sin discapacidad y hasta un 30,9 % menores a los de un hombre sin discapacidad, según los datos del Instituto Nacional de Estadística de 2020.

Además, y a pesar de que una mayor inclusión laboral de las personas con discapacidad, y especialmente las mujeres, podría tener un impacto de casi 18.800 millones de euros anuales en la economía española, cifra que equivale al 1,5 % del PIB, su tasa de actividad y participación en el mercado laboral sigue siendo muy baja, y casi 42 puntos menos que la población sin discapacidad.

Por otro lado, aunque la diferencia entre tasas de actividad y paro de mujeres y hombres con discapacidad es menor, como se indica, el salario que perciben respectivamente sí que varía considerablemente. Mientras que el salario medio anual bruto de los hombres con discapacidad asciende a 21.995,9 €, el de las mujeres es de 19.237,4 €, aunque esta brecha aumenta en función del tipo de discapacidad y ocupación, siendo, por ejemplo, las discapacidades sensoriales y los grupos de ocupación bajos (operadores y trabajadores no cualificados) entre los que la diferencia lo que cobran hombres y mujeres con discapacidad es más notable, sumando más de 4.000 € anuales.

Estas desigualdades, lejos de crear un impacto únicamente en las personas con discapacidad, presentan una variedad de efectos que afectan económica y socialmente al bienestar de toda la población, por lo que su erradicación supondría una mejora en los derechos de los hombres y mujeres con discapacidad, pero también en la calidad, equidad y progreso de la sociedad en general.

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