El CERMI es una entidad de referencia en España que trabaja incansablemente en la defensa y promoción de los derechos de las personas con discapacidad. Fundado en 1992, representa a más de cuatro millones de personas y aboga por la igualdad de
El CERMI es una entidad de referencia en España que trabaja incansablemente en la defensa y promoción de los derechos de las personas con discapacidad. Fundado en 1992, representa a más de cuatro millones de personas y aboga por la igualdad de oportunidades, la accesibilidad universal, el respeto a la diversidad y la plena participación de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad.
Una de las principales áreas de actuación del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad es la incidencia política, trabajando activamente para influir en la elaboración de leyes y políticas. Además, promueve la cooperación entre diferentes entidades y organismos y, mediante programas de sensibilización, investigación y capacitación, contribuye al cambio de mentalidad y a la construcción de una sociedad más justa e inclusiva para todas las personas, independientemente de sus capacidades.
Luis Cayo (1967, Calasparra, Murcia) es el presidente nacional de CERMI desde hace más de 15 años, pero el trabajo de este experto en filosofía moral y del Derecho por las personas con discapacidad se remonta a 1995. Pertenece al colectivo que representa, ya que siendo apenas un bebé un accidente dejó afectada para siempre la movilidad y fuerza del brazo izquierdo, que no la fuerza por defender a aquellos a los que representa.
Esta entrevista llega poco después de la famosa gran noticia de la eliminación del término de disminuidos. Es obligado empezar preguntándole cómo lo valora. Ha sido una lucha que ha costado mucho…Es un hecho social de primera magnitud. Es la primera reforma social de la Constitución y un potentísimo mensaje a la sociedad española de que es la hora de la discapacidad. Es un elemento de cambio que no tiene objeciones, que no daña a nadie. Mejora a las personas con discapacidad, pero también a la sociedad. La hace más decente, más digna. Ahora, tenemos que saber aprovechar este instrumento. A partir de aquí se puede desatar una espiral de cambios, de revigorización de las políticas, de las legislaciones tanto estatales como autonómicas. Los medios se han centrado en el cambio de terminología, pero lo importante es el inicio de un cambio de paradigma.
Las palabras importan y en la discapacidad ha habido, y hay, muchísimos debates lícitos sobre: discapacidad, personas con diversidad funcional, tener autismo, ser autista… ¿Hasta qué punto esos debates deben ser el centro? ¿No nos hacen perdernos un poco?En la inclinación por el debate terminológico subyacen cuestiones filosóficas. Sí que son relevantes y en ningún caso hay que orillarlos, pero es verdad que, a veces, somos incapaces de cambiar la dura realidad y se crean debates de sutilezas que no aportan e incluso nos desfondan y hacen perder el foco. Es más fácil hablar que obrar y que actuar. Es verdad que siempre en la designación de la situación de discapacidad hay insatisfacción. No nos gusta el hecho, no nos gusta la discriminación, no nos gusta el estigma, no nos gusta el sentirnos descalificados por ser diferentes. Por eso, parece que todas las palabras que la reflejan están contaminadas de esa situación negativa. Incluso la terminología que parece más nueva se desgasta con el roce. Pero eso no nos debe hacer perder el norte de que hay una legitimación social de las palabras. Debemos utilizar aquellas en las que las personas con discapacidad se sienten identificadas con un trato adecuado. Y, claro, los atajos eufemísticos que no quieren reconocer lo que hay, que buscan edulcorarlo y, en el fondo, producen una difuminación de la realidad, tampoco nos gustan.
El gran hito de reformar la Constitución se ha conseguido con un gran apoyo en Parlamento y Senado en una legislatura que, a todas luces, se presume inestable por la dificultad para llegar a acuerdos. ¿Cómo afrontan este escenario en el CERMI? La discapacidad debe ser una cuestión de Derechos Humanos, de consenso básico, que está más allá de las ideologías. En una democracia avanzada esas cuestiones básicas deberían ser asumidas por todos. Se ha producido en otras reformas anteriores: en la ley de la reforma civil que se aprobó en 2021, en la ley del derecho de voto o en la ley de abolición de la esterilización forzosa. También en la regulación de la accesibilidad cognitiva que se produjo en el 2022. Todas ellas se aprobaron por amplísimas mayorías, cuando no por unanimidad. Esa es la cultura que queremos implantar, que queremos que sea seña de identidad de la discapacidad. Pasando a la cuestión más concreta, la situación es de gran variabilidad. Hay una cierta debilidad parlamentaria porque hay muchísimas expresiones políticas. Para cada tema habrá que sacar una mayoría. No hay casi nada asegurado de antemano. Ahí vamos a practicar eso, el intentar atraer a todas las fuerzas políticas cuando se requieran leyes. Esa cultura es la que queremos implantar.
