Diferentes expertos han coincidido en hacer un nuevo llamamiento en la lucha contra la violencia de género que sufren las mujeres con discapacidad por lo que han puesto el foco en la necesidad de implicar
Diferentes expertos han coincidido en hacer un nuevo llamamiento en la lucha contra la violencia de género que sufren las mujeres con discapacidad por lo que han puesto el foco en la necesidad de implicar a la sociedad, desde ciudadanos a administraciones, con el fin de sensibilizar a todos los actores posibles y dar visibilidad a las necesidades de las víctimas entre otras cuestiones.
Como se ha puesto de manifiesto en el V Encuentro ‘La sociedad civil frente a la violencia de género’, organizado por el proyecto Mujeres en Modo ON VG, de Inserta Empleo y Fundación ONCE, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, para avanzar en la eliminación de la violencia de género es clave analizar el papel de los diferentes agentes de la sociedad civil para la prevención y la atención, dando un papel esencial a la educación.
Como ha señalado la secretaria general de Fundación Once e Inserta Empleo, Virginia Carcedo Illera, «la violencia de género incide bidireccionalmente en el caso de las mujeres con discapacidad, primero, porque muchas lo sufren por su discapacidad, y otras tienen discapacidad fruto de esa violencia». Por ello, a su juicio, «la lucha contra la violencia de género es responsabilidad de toda la sociedad».
«Desde que entró en vigor la Ley Integral de Violencia, los colegios de la Abogacía tienen turnos especiales en violencia de género, que son los que acompañan y asisten de forma directa a las víctimas. Esta es especializada, inmediata y gratuita», ha recordado.
En cualquier caso, ha argumentado que existe «una responsabilidad en cuanto a la violencia de género en mujeres con discapacidad, y ese es el reto de ‘Está en tu mano’, una iniciativa que se enmarca en el proyecto ‘Mujeres en Modo ON VG’ que cuenta con la participación y apoyo clave de empresas y entidades de renombre».
Además, Inserta Empleo ha realizado y presentado recientemente ‘La voz del coraje’, un libro que recoge los testimonios de catorce mujeres con discapacidad de diferentes partes de España que han sufrido violencia de género.
«LA VIOLENCIA MACHISTA ES UN GENERADOR DE DISCAPACIDAD»
Por su parte, la Fundación CERMI Mujeres (FCM) ha pedido que las políticas de igualdad tengan un enfoque de género y discapacidad, para que tengan en consideración a los 2,5 millones de mujeres con discapacidad que viven en España, como han puesto de manifiesto en el XXVII Conversatorio ‘Las mujeres con discapacidad ante los cambios de gobierno de las comunidades autónomas’, celebrado esta semana.
En el encuentro también se ha puesto de relieve que las mujeres con discapacidad necesitan más ayuda, tanto a nivel económico como de formación, por parte de la Administración Pública.
Esta jornada ha contado con la participación de la consejera de Igualdad de la Junta de Castilla-La Mancha, Sara Simón Alcorlo; la directora general de la Mujer de la Junta de Castilla y León, María Victoria Moreno Saugar; la directora gerente del Instituto Navarro para la Igualdad, Patricia Abad Encinas, y la coordinadora de la Fundación CERMI Mujeres, Isabel Caballero Pérez.
Las cuatro ponentes han compartido su visión generalista sobre la gestión de las comunidades autónomas y el impacto en las mujeres y niñas con discapacidad. Asimismo, han reivindicado la necesidad de servicios de atención que conozcan la realidad de las mujeres con discapacidad y cuenten con profesionales y protocolos.
Así, Caballero ha enumerado una batería de demandas y principales reivindicaciones de CERMI Mujeres, al tiempo que hizo un análisis de la realidad de las mujeres y niñas con discapacidad.
Sobre el acceso a la justicia, ha afirmado que se quiere trabajar «con comunidades autónomas para garantizar el acceso a la justicia» y ha pedido que «las políticas autonómicas pongan en marcha protocolos para la prevención, protección y atención a la violencia sexual y al acoso escolar que se da en los entornos escolares y dar formación a profesorado y también al alumnado».
En materia de empleo, ha lamentado que haya territorios en España «donde el 80% de las mujeres con discapacidad están fuera del mercado laboral». Además, ha señalado que «se trata, no solo de mujeres que no trabajan, sino que no buscan empleo». Por ello, ha vaticinado que una solución podría ser la creación de un plan autonómico de la formación y del empleo.
Sobre la violencia de género, la coordinadora de la Fundación CERMI Mujeres ha denunciado que «la violencia machista es un generador de discapacidad y muchas están sometidas a chantajes psicológicos y eso puede desencadenar patologías que den lugar a trastornos de salud mental».
Por todo ello, tras expresar la necesidad de que «las comunidades hagan una auditoría de accesibilidad de sus recursos para saber que está pasando realmente», ha pedido «frenar la peligrosa tendencia al retroceso» porque «los derechos no están conquistados para siempre». «Por eso, debemos ser vigilantes, para no dar un paso atrás», ha argumentado.
«Estamos firmemente comprometidos con la igualdad real entre mujeres y hombres, con especial atención a colectivos como el de la discapacidad donde muchas mujeres sufren la doble discriminación», subrayó por su parte Alcorlo. En este sentido, ha avanzado que desde su Consejería van a combatir esa doble discriminación con la creación de una partida específica de ayudas que luchan contra la discriminación múltiple.
Por su parte, Moreno reclamó «políticas de Estado, un pacto que sea un guion», un espacio que «puede servir para poner de manifiesto políticas y casuísticas y analizarlas» mientras que Encinas denunció que «sin tener formación de estructura de género, sin acceso a datos, sería imposible garantizar los derechos humanos de las mujeres».
En este sentido, indicó que en Navarra están en un proceso de consolidación de la arquitectura de la igualdad y cuentan con herramientas para la igualdad y sus organismos autónomos y con mecanismos para garantizar el derecho de mujeres y hombres junto con otros dispositivos. Además, insistió en la idea de que «el diseño de las políticas públicas debe combinar la perspectiva de género y la inclusión y tener en cuenta la discriminación múltiple».
