– 1.989 de los puestos son en la Administración del Estado y los 132 restantes en la Justicia. El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha reservado un total de 2.121 plazas para personas con
– 1.989 de los puestos son en la Administración del Estado y los 132 restantes en la Justicia.
El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha reservado un total de 2.121 plazas para personas con discapacidad en la oferta de empleo público (OEP) de 2023, una cifra que supone un incremento del 3,7% con respecto a la del año pasado.
En concreto, el real decreto-ley publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) establece que, de las 21.157 plazas destinadas al turno libre, 1.081 serán para personas con discapacidad general y las 301 restantes para los que tengan alguna discapacidad intelectual.
Por parte de la promoción interna, de los 10.563 puestos que se destinarán a ascensos, el cupo para las personas con discapacidad general se ha fijado en 542 empleos, frente a los 197 para funcionarios con discapacidad intelectual.
Cabe recordar que el artículo 59 de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público establece que se reservará a personas con discapacidad un 7% de las plazas ofertadas, “siempre que superen los procesos selectivos y acrediten su discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas”. Asimismo, la ley establece que la reserva de dicho 7% de las plazas se hará de forma que el 2% de las plazas ofertadas se reserven a personas con discapacidad intelectual y el 5% de las plazas a personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad.
EL 6,7% DEL TOTAL
Del total de 2.121 plazas reservadas de la oferta de empleo público de 2023, se reservarán 498 plazas a personas con discapacidad intelectual y 1.491 a personas con otro tipo de discapacidad. Así las cosas, las plazas para personas con discapacidad representan el 6,7% de las 31.725 aprobadas, por lo que, a priori, parecería que se incumple la ley.
No obstante, desde el Ministerio de Hacienda explicaron a Servimedia que el cupo del 7% sí se cumple porque el porcentaje de reserva de la discapacidad “no es adicional a la OEP”, sino que se calcula después de restar las plazas reservadas a personas con discapacidad de la cifra total aprobada.
Por tanto, la cartera dirigida por María Jesús Montero ha sacado el porcentaje a partir de 29.604 plazas, que son el resultado de restar a las 31.725 plazas recogidas en el decreto las 2.121 dedicadas a personas con discapacidad. Con estas cifras, el Gobierno concluye que el cupo destinado a este colectivo se acerca al 7,2%, por lo que la reserva excedería lo que marca la ley.
DISTRIBUCIÓN DE LAS PLAZAS
La Administración General del Estado cuenta con la práctica totalidad de las plazas reservadas para personas con discapacidad –1.989–. Por turno libre, el Cuerpo Administrativo (C1) es el que más plazas reserva a candidatos con discapacidad, con un total de 413. En la escala de funcionarios del Cuerpo de Gestión (A2) se guardan 183 plazas, algo más que las 137 del A1 (funciones de gestión, inspección, ejecución y control) y las 79 del C2 (Cuerpo Auxiliar).
También se reservan 40 puestos para entrar por turno libre en la escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, 10 para la red hospitalaria del Ministerio de Defensa, tres para el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) y otros tres para ejercer como profesor de Secundaria. Todos estos empleos públicos serán para personas con discapacidad general.
Las personas con discapacidad intelectual solo tienen reserva en las plazas por turno libre convocadas en el marco del IV Convenio Único de Personal Laboral. En la promoción interna, en cambio, las 197 plazas destinadas a este colectivo son para ascender en el Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado.
Por lo que se refiere a las personas con discapacidad general, la mayoría de las plazas por promoción interna se concentra en la Administración General del Estado –477–. El resto son para ascender en la escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional –15–, en el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) –3– y en la red hospitalaria del Ministerio de Defensa –2–.
Por último, en la Administración de Justicia se han reservado 84 plazas para personas con discapacidad general que entren por oposiciones libres. Asimismo, habrá otras 48 para promociones internas.
PROCESOS, CONVOCATORIAS Y TRIBUNALES
El decreto indica que las plazas reservadas para personas con discapacidad podrán convocarse junto con las plazas ordinarias o mediante convocatoria independiente a la de los procesos para la cobertura de plazas por turno libre. Por su parte, las plazas reservadas para personas con discapacidad intelectual se realizarán en convocatoria independiente, excepto las de promoción interna, que se convocarán junto al resto.
Por otro lado, las personas con discapacidad que se presenten por el cupo de reserva y superen los ejercicios pero sin obtener plaza por dicho cupo, serán incluidos por su orden de puntuación en el sistema de acceso general. En cuanto a las plazas reservadas para personas con discapacidad que queden desiertas, no se acumularán al turno general en el caso de los procesos de acceso libre, pero sí en los procesos de promoción interna.
En cuanto a las pruebas selectivas, los cursos selectivos y los periodos de prácticas, la norma establece que se realizarán para las personas con discapacidad que lo soliciten “las adaptaciones y los ajustes razonables necesarios de tiempo y medios para su realización”.
Asimismo, los departamentos ministeriales garantizarán que la información de las convocatorias se realiza en formatos adecuados siguiendo los principios de accesibilidad universal y diseño para todas las personas.
Por último, la ley también indica que se promoverá “la participación en tribunales y órganos de selección de personas con discapacidad, en particular en aquellos procesos en los que exista turno de reserva para este colectivo”.
