La familia del funcionario destinado en El Campello (Alicante) espera que la eliminación del despido automático por incapacidad permanente aprobada por el Gobierno llegue al instituto armado, que ya reconoce «posibles modificaciones» Jacobo Barchín está más
La familia del funcionario destinado en El Campello (Alicante) espera que la eliminación del despido automático por incapacidad permanente aprobada por el Gobierno llegue al instituto armado, que ya reconoce «posibles modificaciones»
Jacobo Barchín está más cerca de volver a trabajar de Guardia Civil. El agente destinado en la localidad alicantina de El Campello, que sufrió un grave accidente hace tres años y medio por el que le diagnosticaron una paraparesia y quedó en silla de ruedas, comienza a ver la luz al final del túnel después de que el instituto armado reconociera «posibles modificaciones» en su reglamento interno y que el Gobierno aprobara la eliminación del despido automático por incapacidad permanente.
«Estamos entusiasmados, esperanzados e ilusionados», reconoce su mujer Raquel a ABC, después de conocer de que la Benemérita anunciara que estudia cambios para que los agentes con discapacidad sobrevenida puedan seguir en activo en puestos adaptados, como demanda para su marido. «Queremos que la inclusión sea real y se aplique de una vez por todas y que por fin las personas con discapacidad puedan seguir ejerciendo su derecho al trabajo», celebra.
Tras la publicación de su denuncia en este periódico, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) se puso en contacto con el director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, en una carta para preguntar sobre las medidas que estaba tomando el cuerpo para que los agentes con discapacidad pudieran seguir trabajando.
Según ha podido saber ABC, la Benemérita reconoce que están estudiando «el impulso de modificaciones legislativas y reglamentarias para la continuidad en el servicio de los guardias civiles que se vean afectados por cambios en sus condiciones psicofísicas».
Un avance positivo, según califica Raquel, que llega en paralelo a la aprobación de la reforma del artículo 49.1.e del Estatuto de los Trabajadores que permitirá eliminar como causa automática de extinción de la relación laboral el reconocimiento de la Incapacidad Permanente de la persona trabajadora, fruto del acuerdo con el CERMI.
Así, las empresas ya no podrán decidir unilateralmente la extinción de una relación laboral en caso de incapacidad permanente de la persona trabajadora y deberán hacer los ajustes razonables o el cambio de puesto que permitan a las personas que acceden a la situación de incapacidad permanente después de iniciar su relación de trabajo. Además, el texto avanza en la sustitución de términos peyorativos como la realizada en la Constitución y la situación «de gran invalidez» pasará a denominarse «complemento de asistencia de tercera persona».
Por tanto, será obligatorio que las empresas realicen los ajustes razonables que permitan a las personas con discapacidad ejerzan su derecho al trabajo, incluso si acceden a la situación de discapacidad con posterioridad al inicio de su actividad profesional. De esta manera, el anhelo de Raquel es que el Gobierno adapte esta modificación a los estatutos de los trabajadores públicos y que, por consiguiente, se aplique de igual manera en lo que respecta al empleo de los guardias civiles. «Esperemos que no caiga en saco roto y no se quede en papel mojado», confía la mujer de Jacobo.
En la carta que envió el CERMI a la Guardia Civil pedía una solución para este agente nacido en San Clemente (Cuenca) y destinado en Alicante, para que pudiera seguir en el servicio de activo, según los términos establecidos en el artículo 27 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que especifica el derecho al empleo y la ocupación de las personas con discapacidad sobrevenida, siendo obligación realizar los ajustes razonables precisos para llevarlo a cabo.
