El pasado 30 de diciembre se llevó a cabo la publicación «Las personas con discapacidad en el IMV y otras rentas mínimas de inclusión», el estudio, elaborado desde ILUNION Accesibilidad, para el Observatorio Estatal de la Discapacidad, tiene
El pasado 30 de diciembre se llevó a cabo la publicación «Las personas con discapacidad en el IMV y otras rentas mínimas de inclusión», el estudio, elaborado desde ILUNION Accesibilidad, para el Observatorio Estatal de la Discapacidad, tiene como objetivo analizar el diseño y aplicación del Ingreso Mínimo Vital y de las demás rentas mínimas de inclusión en relación con las personas con discapacidad, así como desprender propuestas de cara a su mejora.
El análisis parte de una contextualización acerca de la pobreza y la exclusión en las personas con discapacidad, así como del marco de políticas y normativa vigente en este campo. Aporta, con carácter de novedad, datos estadísticos de la prestación desglosados de acuerdo la variable discapacidad y sexo, proporcionados a través de los portales de transparencia correspondientes. Lleva a cabo un análisis del diseño político-administrativo del IMV y otras rentas mínimas de inclusión, para lo que considera las propuestas del movimiento organizado discapacidad, así como las referencias de política y normativa, sobre todo la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
El Ingreso Mínimo Vital es una prestación no contributiva de la Seguridad Social dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que vivan solas o están integradas en una unidad de convivencia y carezcan de recursos económicos suficientes para la cobertura de sus necesidades básicas. Esta prestación económica se aprobó el 29 de mayo de 2020, en un contexto de exigencia y necesidad, a consecuencia de la pandemia, y en diciembre de 2021 se consolidó en la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el Ingreso Mínimo Vital.
En el presente estudio monográfico sobre el IMV en relación con las personas con discapacidad se considera las demás rentas mínimas de inclusión autonómicas. Se ha contado con la perspectiva de trabajadores/as sociales de entidades asociativas en el ámbito de la discapacidad, con experiencia en la orientación y tramitación del IMV y otras rentas mínimas de inclusión, así como de servicios sociales públicos. Se ha contado, con carácter ilustrativo, con la experiencia de 6 personas con discapacidad de acuerdo a diferentes perfiles. Corresponde agradecer esta participación tanto a las entidades como las personas que han aportado su experiencia.
