Las entidades y expertos que trabajan en la defensa de los derechos de las personas mayores consideran que la Ley para la Igualdad de Trato y la No Discriminación debe aplicarse “en toda su plenitud”,
Las entidades y expertos que trabajan en la defensa de los derechos de las personas mayores consideran que la Ley para la Igualdad de Trato y la No Discriminación debe aplicarse “en toda su plenitud”, lo que pasa por crear una Autoridad Independiente.
Esta fue una de las conclusiones de un acto organizado por la agencia de noticias Servimedia con motivo de la conmemoración del Día Internacional del Buen Trato al Adulto Mayor en el que participaron el presidente de la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP), Lázaro González; la consultora en envejecimiento saludable Vânia de la Fuente-Núñez; el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) de la Comunidad de Madrid, Óscar Moral Ortega, y la abogada del Estado Carmen Navarro Martínez.
La disposición adicional primera de la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, establece que, en el plazo de seis meses de su entrada en vigor, se procedería a constituir una Autoridad Independiente, aprobando por real decreto sus estatutos, un hecho que todavía no se ha producido.
Ante esta situación, Lázaro González dejó claro que la PMP se ha conjurado para “luchar por que la ley se cumpla”, lo que le dio pie a aseverar que también peleará para que vean la luz otras dos normas que han quedado “varadas” en el Congreso de los Diputados tras el adelanto electoral: la que crea la autoridad independiente para la defensa del cliente financiero y la que se ocupa de la defensa del cliente.
“Vamos a seguir luchando para que el trabajo de nuestros legisladores no se pierda porque son leyes fundamentales que por sí solas no solucionarán el problema, pero sí ayudarán y estimularán a la población”, adujo.
En ese sentido, apeló al “papel fundamental” que desempeñan los medios de comunicación a la hora de dar a conocer a la población la existencia de leyes “necesarias”, paso previo para la “sensibilización” y el “trabajo conjunto”.
CONVENCIÓN ONU
Por su parte, Vânia de la Fuente-Núñez comentó la necesidad de que la ley “se implemente en toda su plenitud y mejore realmente la vida de las personas”, ya que sólo así se logrará “visibilizar las diferentes formas de discriminación que sufren distintas personas”, especialmente la “mujer mayor con discapacidad que vive en un entorno rural”.
Del mismo modo, señaló la pertinencia de que se ponga en marcha una convención de la ONU sobre los derechos de las personas mayores, una iniciativa cuyo desarrollo defienden los colectivos que defienden los derechos de este segmento de la población.
Por otro lado, Óscar Moral alertó de que “corremos un riesgo con una norma» así porque «ha pasado un año y todavía no se ha desarrollado”. También se sumó a la preocupación manifestada por González con la norma que crea la autoridad independiente para la defensa del cliente financiero y la que se ocupa de la defensa del cliente. “Nos tocará presionar” para que se retomen tras la constitución del nuevo Gobierno, auguró.
A su vez, se mostró remiso a la hora de imponer sanciones por el incumplimiento de la norma. A su juicio, no es la “panacea”. Por eso, apostó por “dar a conocerla” con el fin de asegurar su aplicación efectiva.
En cuanto a la puesta en marcha de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, recordó que su creación “requiere medios” y reflexionó sobre el hecho de que “todo necesita medios, y el cambio de la igualdad y discriminación no está exenta de medios materiales y personales”.
LEY «VANGUARDISTA»
Por último, Carmen Navarro presentó la Ley 15/2022 como el “mínimo común normativo antidiscriminatorio en España”, ya que “quiere cubrir todos los ámbitos y todas las causas que originan la discriminación”. “Esto es lo que la hace necesaria”, refrendó.
Definió la norma como “vanguardista” porque “no se queda en los seis motivos de discriminación de la normativa comunitaria y no se queda en los mencionados en la Constitución”, sino que “deja una cláusula abierta para cualquier aparición de factores personales y sociales” que sean el germen de nuevos tipos de discriminación.
En lo referente a la Autoridad Independiente, explicó que debería colaborar con el Defensor del Pueblo y subrayó que se conformaría como un “organismo independiente con personalidad jurídica propia” que contaría con “amplias funciones”, entre las que no se cuentan las de índole sancionador, como la Airef.
Carmen Navarro concluyó su intervención apelando a introducir en el debate público el concepto “hipervulnerabilidad”, para referirse a las personas que “se ven excluidas del comercio electrónico y del sector financiero”, las cuales han de ser tenidas en cuenta en el desarrollo de estrategias dirigidas a las personas mayores.
