«El Gobierno ha aprobado que el 3 de mayo se convierta en el Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas para que el Estado «garantice»
«El Gobierno ha aprobado que el 3 de mayo se convierta en el Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas para que el Estado «garantice» el ejercicio «pleno y efectivo»
Manifiesto del Movimiento CERMI
El 3 de mayo fue declarado por el Gobierno, mediante decisión del Consejo de
ministros y a sugerencia del CERMI, Día Nacional en España de la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 13 de diciembre
de 2006, conmemorando así la fecha en que este tratado internacional de derechos
humanos entró en vigor en todos los Estados parte, incluida España.
El propósito de este Día Nacional es generar conocimiento y provocar toma de
conciencia, en todas las instancias, operadores, agentes y grupos de interés, de la
discapacidad como una parte, digna y valiosa, de la diversidad humana, que solo puede
entenderse y abordarse como una cuestión de derechos humanos
La inclusión, el bienestar y los derechos de las personas con discapacidad deben
construirse en conjunto y con las personas con discapacidad, tal como señala la
Convención en su Artículo 29 y la Constitución Española en sus Artículo 9.2 y 23. Por
ello, este año electoral, tenemos que recordar, como hace la Convención, que las
personas con discapacidad siguen encontrando barreras para su participación política
en igualdad de condiciones.
Para garantizar esa efectividad en la participación pública y política en igualdad de
condiciones que establece el artículo 23 de la Constitución Española es necesaria la
accesibilidad. Es imprescindible asegurar que los procedimientos, instalaciones y
materiales electorales sean adecuados, universalmente accesibles y fáciles de entender
y utilizar. Se trata de que las personas con discapacidad no sean discriminadas en
ninguna etapa del proceso electoral o en la vida política en general, y que reciban el
mismo trato y consideración que cualquier otra persona.
El derecho al sufragio activo y pasivo, expresión y bien social de primera magnitud es y
debe de ser el centro de una sociedad abierta, democrática y basada en el diálogo. Para
ello, tiene que ser universalmente accesible en todos los niveles. El movimiento CERMI
reitera, como ha hecho desde su fundación con su lema “nada para las personas con
discapacidad sin las personas con discapacidad”, la importancia de la participación y
accesibilidad de las personas con discapacidad en la vida política y pública. Es necesario
reivindicar e incidir en la accesibilidad y en las barreras que aún perduran.
Hoy, como siempre, reivindicamos y luchamos por la inclusión de las personas con
discapacidad y sus familias, porque los actos electorales y campañas estén hechas para
todas y para todos. Que nadie se quede atrás en la participación política.
Las organizaciones del tercer sector de la discapacidad han mostrado que el tejido
asociativo organizado de las personas con discapacidad y sus familiares son actores tan
centrales de la sociedad civil como para promover la transformación social. El cambio
más notorio es la creación del primer tratado internacional de este siglo, pero la
movilización de las personas con discapacidad no se ha quedado ahí. Ha llegado a
poner sobre la mesa como posibilidad factible una reforma constitucional sobre el
artículo 49, con todos los consensos que se precisan. Y ha participado activamente en
un sinnúmero de propuestas y recomendaciones que distintos gobiernos, de distintas
siglas y distintos niveles han aceptado.
La capacidad organizativa de los movimientos de personas con discapacidad y sus
familias ha demostrado cuánto tienen qué decir y cuánto tienen por aportar. Ha hecho
evidente la centralidad de la gobernanza inclusiva y las potencialidades del diálogo civil,
lo lejos que llega nuestra sociedad cuando participamos todas y todos sobre objetivos
tan claros y necesidades tan robustas como la inclusión y los derechos de las personas
con discapacidad.
Sin embargo, el camino es largo y aún queda mucho por recorrer. Las personas con
discapacidad siguen invisibilizadas en términos de participación política. Hay diversos
factores que dificultan la participación: el nivel educativo, las situaciones de pobreza o el
mayor riesgo de exclusión social. A todo ello hay que añadir también carencias de
accesibilidad en la participación y en la comunicación de las campañas por falta de
recursos y herramientas que garanticen la inclusión y participación de las personas con
discapacidad.
Una sociedad democrática no puede permitirse que las oportunidades y el acceso a la
información y al poder no sean iguales para toda su ciudadanía. Al contrario. Tiene
que impulsar la visibilidad de quienes han sido invisibilizados, tiene que promover y
mantener la conversión en sujetos activos de quienes ha considerado
tradicionalmente sujetos pasivos, aunque ya hayan demostrado no serlo. Una
sociedad responsable y democrática ha de incluir, tratar de movilizar y entender a
todas las personas y grupos sociales; para eliminar las barreras que impiden la
inclusión plena y la participación activa de todos los grupos sociales en la toma de
decisiones y en la construcción de políticas públicas que reflejen las necesidades y
demandas de la población.
Siendo fundamental que la sociedad tenga la capacidad de movilizar y entender las
distintas perspectivas y necesidades de los diferentes grupos sociales, con el fin de
construir una sociedad más justa e igualitaria.
Las condiciones de exclusión a las cuales están sometidas las personas con
discapacidad conducen a que sean discriminadas y colocadas forzosamente en una
situación de vulnerabilidad y desigualdad, donde son consideradas “ciudadanía de
segunda” con menos derechos y libertades; en muchos casos, sin posibilidad de
ejercer los derechos de participación general en la vida social y política convirtiéndoles
en “ciudadanos invisibles”. La accesibilidad universal de la información y la
comunicación de programas electorales es tan central como la accesibilidad de los
espacios, colegios electorales, procedimientos y materiales para garantizar que este
derecho sea efectivo y universal para la ciudadanía.
Las mujeres con discapacidad siguen enfrentándose a mayores barreras en el camino
hacia la participación política activa, como consecuencia de los efectos nocivos de la
intersección entre diferentes factores de exclusión, lo que las coloca en una posición
de mayor vulnerabilidad y exclusión en la participación política activa y que se
enfrenten a mayores barreras en el camino hacia esa participación política activa.
Por ello, este año electoral, desde el movimiento CERMI reiteramos nuestra demanda
a las formaciones políticas de garantía de la accesibilidad universal de los programas y
campañas; con medidas específicas y adaptadas a las necesidades y perspectivas de
las personas con discapacidad, y un compromiso firme para garantizar la igualdad de
oportunidades para todas las personas.
El semestre de presidencia española de la Unión Europea es un momento propicio para
impulsar el reconocimiento al derecho de sufragio activo y pasivo de todas las personas con
discapacidad, recordando que en muchos países de la Unión Europea no se cumple el
mandato de la Convención.
Este 3 de mayo firmamos nuestro manifiesto insistiendo en la segunda parte de nuestro lema:
“nada sin las personas con discapacidad”.
3 de mayo de 2023
