El proyecto de ley de reforma de la Ley de Dependencia y Discapacidad que permitirá compatibilizar empleo y prestaciones del SAAD avanza en el Congreso, eliminando un gran obstáculo para la inclusión laboral de las
El proyecto de ley de reforma de la Ley de Dependencia y Discapacidad que permitirá compatibilizar empleo y prestaciones del SAAD avanza en el Congreso, eliminando un gran obstáculo para la inclusión laboral de las personas con discapacidad y dependencia.
El visto bueno que el Consejo de Ministros dio ayer al proyecto de ley que reformará la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia y la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social , supondrá un cambio histórico al reconocer de forma explícita la compatibilidad entre el empleo y la Dependencia (SAAD) . Hasta ahora, muchos beneficiarios se enfrentaban a la difícil decisión de renunciar a servicios o ayudas esenciales si querían acceder al mundo laboral, ya fuera por cuenta propia o ajena.
Esta situación, según el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que impulsa la iniciativa, generaba un claro desincentivo para el empleo y dificultaba enormemente los proyectos de vida autónomos, sobre todo en el ámbito de la discapacidad. La nueva normativa quiere acabar con esta paradoja, asegurando que las personas que reciban una oferta de trabajo o prácticas formativas puedan mantener su plaza en centros ocupacionales o servicios similares durante el tiempo necesario para consolidar su puesto de trabajo. Esto «garantizará una transición segura hacia el trabajo y evitará que la aceptación de una oportunidad laboral implique la renuncia a recursos fundamentales para la autonomía personal».
El proyecto de ley, que ahora inicia su tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados, también eliminará el régimen de incompatibilidades de las prestaciones de dependencia , lo que significará que ya no habrá que elegir entre, por ejemplo, acudir a un centro de día o disponer de atención domiciliaria. Asimismo, se suprimirá el plazo suspensivo de dos años para las prestaciones económicas destinadas al cuidado en el entorno familiar. Pablo Bustinduy , titular del Ministerio de Derechos Sociales, ha subrayado que se trata de «un paso decisivo para construir un sistema de cuidados públicos y de calidad para las personas en situación de dependencia y las que tienen una discapacidad» y que esta reforma «promoverá el derecho universal al bienestar, a la vida independiente y la autonomía personal» .
