Los bandazos de la política española se han llevado por delante la Ley de Familias que estaba en fase de aprobación parlamentaria. El adelanto de las elecciones generales al 23 de julio implica el fin
Los bandazos de la política española se han llevado por delante la Ley de Familias que estaba en fase de aprobación parlamentaria. El adelanto de las elecciones generales al 23 de julio implica el fin de la actividad legisladora. Así, de forma abrupta. Y entre las leyes que se van a quedar en el cajón destaca la Ley de Diversidad Familiar, una norma que llevaba un largo proceso de gestación y que, después de décadas de espera, iba a regular muchos aspectos que afectan a los derechos de las familias que tienen a alguna persona con discapacidad intelectual y del desarrollo.
Plena inclusión había participado activamente en todo el proceso de debate público. También aportando propuestas para las enmiendas que podrían registrar los diferentes grupos parlamentarios. “Hemos desarrollado una intensa labor de incidencia política y legislativa”, reconoce Natalia Pérez, técnica del Área Jurídica de Plena inclusión España. “Presentamos propuestas para las enmiendas y hasta nos hemos tenido reuniones con algún grupo parlamentario lo que nos permitía albergar esperanzas de que algunas de las reivindicaciones que planteábamos se fueran a recoger”, explica.
Entre las iniciativas que organizó, incluso se celebró un seminario online en el que participó en subdirector general de Familias el mismo día en que el Consejo de Ministros dio el visto bueno a su tramitación parlamentaria. Aquí puedes ver el video de aquel encuentro.
Lo cierto es que el movimiento asociativo de Plena inclusión puso toda la carne en el asador desde el momento en que se anunció la tramitación de la Ley de Familias. En estos meses se han celebrado reuniones y encuentros estatales, como el de febrero de este año, del que salieron muchas ideas y en el que se respiraba optimismo respecto a lo que podía llegar a conseguirse. “Pedimos que se modificara el texto de la norma para que se adecuara la reforma de diciembre de 2021 de la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica”, recuerda Marian Ferrús, presidenta de Plena inclusión Comunidad Valenciana. Ferrús ha sido una de las voces que han reivindicado la necesidad de que el Estado asuma por la vía legal mejoras en las condiciones de las familias que sostienen, casi siempre en situaciones de precariedad y sobrecoste, el cuidado de sus seres queridos con discapacidad.
EL TIEMPO Y LA ESPERA
La presidenta de Plena inclusión España, Carmen Laucirica, ha expresado en estos días su preocupación por este nuevo retraso en ratificar una ley tan importante para las familias de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. “No podemos seguir esperando más tiempo a que se dé respuesta a las justas demandas que llevamos años reivindicando. Por eso, esperamos que el nuevo Gobierno que salga de las elecciones de julio tome el desarrollo normativo de esta ley como una de sus prioridades al inicio de su mandato”, explica. “Cuestiones como la promoción de la atención temprana, el reconocimiento legal de que las personas con discapacidad tienen derecho a formar su propia familia, el apoyo laboral y con incentivos a las personas cuidadoras, o la compensación económica del sobrecoste que genera el sostenimiento a personas con grandes necesidades de apoyo, son urgentes. Por eso seguiremos reivindicándolas”.
Las demandas de las familias de personas con discapacidad intelectual, tendrán que seguir esperando que el nuevo Gobierno que llegue en julio, entienda la urgencia de legislar este tema. Porque todavía queda un largo camino por recorrer. Así lo entiende Maria Ferrús, que además de ser presidenta de Plena inclusión CV, es madre de un joven con TEA. «En mi opinión, la sociedad nunca ha reconocido el papel fundamental de las familias en el cuidado y desarrollo de las personas con discapacidad. El entorno familiar es el que proporciona apoyos estables y continuos a la persona. La familia siempre ha sido, y continuará siendo, la que, ante las condiciones de desventaja de las personas con discapacidad, atiende las necesidades a las que deben hacer frente estas personas en su proceso vital», argumenta Ferrús.
Como por ejemplo, la familia de María del Carmen Gallego, una joven valenciana con discapacidad intelectual que es madre de Lucas, un niño que ya ha cumplido 3 años. Ella habla de la maternidad: «Para mí ha supuesto un reto muy importante, ya que tener un bebe es un gran esfuerzo, pero con ayuda de mi familia, mi hijo está creciendo como un niño cualquiera, con un desarrollo normal y con una rutina y hábito normal». Y, claro está, María del Carmen cuenta con el apoyo de su familia: «Mi familia me ayuda con alguna cosa, pero como a otra madre cualquiera. Por ejemplo, me ayuda con la ducha, o cuando esta malo, el pequeño se queda con mi madre, ya que, yo trabajo».
En el tintero de los legisladores quedan por recoger, además de lo ya reseñado, el reconocimiento de programas de conciliación, que se garanticen apoyos en todo el ciclo vital de la persona, o que la accesibilidad cognitiva, la inclusión y el enfoque centrado en la familia estén presentes en el espíritu de la norma.
