Este contenido NO está adaptado a Lectura Fácil Plena inclusión España apoya las propuestas de Prioridades sobre Discapacidad, elaboradas por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, para el periodo de presidencia española al frente
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- La confederación que agrupa a 950 asociaciones sugiere al Ministerio de Derechos Sociales medidas que garanticen los derechos básicos de millones de europeos con discapacidad intelectual y del desarrollo.
Plena inclusión España apoya las propuestas de Prioridades sobre Discapacidad, elaboradas por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, para el periodo de presidencia española al frente del Consejo de la Unión Europea que finaliza el 31 de diciembre de 2023. Y junto al CERMI, quiere aportar algunas ideas que profundicen en los pasos que deberían darse para lograr una inclusión real de cientos de miles de personas con discapacidad intelectual que viven en otros países de la UE.
“Somos conscientes de los avances que hemos logrado en España en los últimos años”, apunta Carmen Laucirica, presidenta de Plena inclusión España, en referencia a la prohibición de la esterilización forzada de mujeres con discapacidad, a la ley de accesibilidad cognitiva, o a la modificación de la legislación sobre capacidad jurídica que ha hecho desaparecer figuras como la tutela o la patria potestad prorrogada. “Por esa razón, entendemos que la Unión Europea debe comprometerse en la ampliación de derechos recogidos en la Convención de las ONU sobre Derechos de las personas con Discapacidad que todavía están lejos de hacerse realidad”.
Plena inclusión propone:
- Defender la Accesibilidad Cognitiva como un derecho llave a otros derechos. Para las personas con dificultades de comprensión, entender el mundo en el que viven es una condición previa al acceso al empleo, la educación o la sanidad.
- Proponer medidas que faciliten a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo estén más presentes en la sociedad, como otro miembro más. “Vivir en comunidad” es, además del marco estratégico de la actuación de Plena inclusión, un imperativo de justicia para una Europa que afirma creer en una inclusión social auténtica.
- Seguir allanando el camino para garantizar que todos los países de la UE legalicen el derecho al voto de las personas con discapacidad. El cambio legislativo, conseguido en España en 2018 gracias a la presión del movimiento asociativo, permitió que más de 100.000 personas con discapacidad recuperaran un derecho fundamental.
- Priorizar las medidas de protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas con discapacidad intelectual. Ellas siguen siendo las que más sufren el machismo y el capacitismo.
Por último, la confederación estatal quiere poner en valor la fuerza del movimiento asociativo europeo de la discapacidad que lidera Inclusion Europe en el caso de la discapacidad intelectual y del desarrollo. Plena inclusión España agrupa a 950 asociaciones que apoyan a más de 150.000 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo (TEA, parálisis cerebral y síndrome de Down) y a sus familias.
