El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) emplazó al Gobierno, a través del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, a aprobar con urgencia y antes de las elecciones generales del 23
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) emplazó al Gobierno, a través del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, a aprobar con urgencia y antes de las elecciones generales del 23 de julio, el real decreto por el que se regula la concesión de ayudas a las personas afectadas por la talidomida en España entre los años1950-1985.
Haciéndose eco del sentir de las asociaciones de personas afectadas, el Cermi manifestó este sábado en un comunicado la urgencia de que el Ejecutivo adopte esta norma reglamentaria que prevé las indemnizaciones para las víctimas de la talidomida, que está pendiente de desarrollo desde 2018, en que se regularon ayudas por esta causa en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
En efecto, la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, reconoce una ayuda a las personas afectadas por la talidomida en España durante el período 1950-1985.
De acuerdo con la mencionada disposición, esta ayuda “se concederá a quienes durante el período 1950-1985 sufrieron malformaciones corporales durante el proceso de gestación compatibles con las descritas para la talidomida, cuyo origen no pueda ser explicado por otras embriopatías o alteraciones cromosómicas siempre que la gestación se haya producido en España”.
Según esta Ley, estas ayudas serán compatibles con cualquier pensión pública a que la persona beneficiaria tuviera derecho y complementarias con la percepción de otras ayudas o prestaciones de análoga naturaleza o finalidad.
Asimismo, en la mencionada disposición se autoriza al Gobierno para que dicte las disposiciones necesarias para su desarrollo, “que es lo que está pendiente”, puntualizó el Cermi.
Por último, la entidad quiso recordar en dicho comunicado que el pasado 15 de junio el Consejo de Estado emitía el dictamen preceptivo sobre el citado proyecto de real decreto, por lo que ya sólo queda que sea elevado al Consejo de Ministros para su aprobación y, publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE y entrada en vigor, trámite que el Cermi “espera que se realice con inmediatez”, señaló.
