“La invisibilidad y la normalización de la violencia dirigida a las mujeres con discapacidad se debe, básicamente, a la forma (ilegítima) de relacionarse con ellas y de anular su credibilidad, aprovechándose para ello de las
- El estudio, ubicado en Madrid pero extrapolable, habla de cifras alarmantes y exige dar una respuesta urgente.
- Las medidas para proteger a las mujeres con discapacidad de la Estrategia Estatal contra violencias machistas.
“La invisibilidad y la normalización de la violencia dirigida a las mujeres con discapacidad se debe, básicamente, a la forma (ilegítima) de relacionarse con ellas y de anular su credibilidad, aprovechándose para ello de las deficiencias que puedan afectar a su función corporal, de sus dificultades para ejecutar acciones o tareas, o de las restricciones de su participación en situaciones vitales, que les impiden comunicarse con normalidad”, dice Concepción Dancausa, consejera de Política Social de la Comunidad de Madrid en el inicio del primer estudio sobre la Situación de la violencia de género contra las mujeres con discapacidad en la Comunidad de Madrid, que ha realizado Cermi.
El estudio se realizó durante 2021 y participaron 101 mujeres heterogéneas: distintos tipos de discapacidad, distintas edades, recursos económicos o procedencia: 84 son nacidas en España y 17 en otro país.
El estudio distingue entre la violencia sufrida en el entorno de la pareja y fuera de este. Dentro del primer apartado, el 9,9% de las mujeres nunca ha tenido pareja, un 27,7% nunca ha sufrido ningún tipo de violencia por parte de la pareja y un 62,4% ha vivido algún tipo de violencia de género en algún momento de su vida. De las 63 mujeres que sí han sufrido violencia por parte de alguna pareja, el 87,3% ha vivido violencia psicológica –emocional o de control–, el 58,7% ha sufrido violencia física y sexual, y el 49,2% económica.
Fuera del contexto de la pareja, el 73% de las mujeres con discapacidad ha estado expuesta alguna vez a situaciones de abuso y violencia. El 54,5% ha sufrido abandono y abuso emocional –como forma de violencia psicológica–, el 29,7% abandono físico, el 28,7% violencia sexual y el 26,7% violencia física.
El abandono físico es la negación o privación de aspectos necesarios para el mantenimiento de la salud, higiene y aspecto físico: alimentación, vestimenta, peinado, tomar una medicina, ir al baño. Este tipo de violencia ha venido en la mayoría de los casos de la figura paterna-materna o del personal cuidador.
El abandono emocional son los actos que niegan o privan de atención, consideración, afecto y respeto a la mujer con discapacidad: ignorar su existencia, avergonzarse de ella o no valorar su opinión. Prácticamente todas, el 98,2%, se ha sentido alguna vez ignorada y despreciada por su entorno familiar –padres, amigos de la familia, etc.– y escolar –compañeros, profesores–. Les han hecho sentir como que no las oían, no las veían, como si no existieran. En definitiva, les han hecho sentir que no valen nada.
Dentro del abuso emocional está el aislamiento físico y el comunicativo, el aislamiento informativo, los insultos, los castigos, la ridiculización, las críticas constantes, tomar decisiones por la víctima, etc.
Con independencia de si la violencia de género ha sido ejercida por su pareja, por un desconocido o por alguien de su entorno, un 11,9% de las mujeres participantes en el estudio tienen una discapacidad como consecuencia de la violencia de género vivida. En el terreno de la salud mental, una de las profesionales que ha participado en el estudio afirma que cuando las mujeres sufren violencia de género presentan mayor probabilidad de desarrollar un problema de salud mental. Por tanto, la violencia de género atraviesa la salud integral de las mujeres con discapacidad y debe abordarse como un problema de salud pública, afirma el estudio.
Una de las barreras a las que se enfrentan las mujeres con discapacidad que sufren violencia es la normalización de dicha violencia. Una profesional de la salud mental que ha participado en el estudio afirma que llegan a justificar las relaciones abusivas hacia ellas por un sentimiento de poca valía personal. No identifican esas situaciones como violencia, sino que las naturalizan y normalizan.
Cuando la violencia se produce dentro de la pareja y dicha pareja no tiene discapacidad, muchas de las mujeres sienten como prioritario tener una pareja por encima de estar sufriendo violencia. Una situación que muchas veces se ve reforzada por las propias familias que justifican la violencia de alguna manera: son situaciones complicadas, es que ella es como es, etc.
En el caso de las mujeres con discapacidad se da la situación de que puedan tener una relación de dependencia con personas de su entorno. Existe un mayor aislamiento, en relación a las mujeres que no tienen discapacidad, si además el agresor es la persona que se supone que es su cuidador o está en su red de apoyo.
No identificar la violencia puede llevar aparejada su cronificación. En general cuesta salir de los procesos de violencia, pero las mujeres con discapacidad tienen la violencia más interiorizada y normalizada que las que no tienen discapacidad.
El estudio anima a promover la autonomía de las mujeres con discapacidad. Se habla mucho del empoderamiento pero es clave que la mujer sea dueña de su propia vida, que la discapacidad no le impida tomar decisiones y vivir de manera autónoma.
Es clave promover la autonomía de las mujeres con discapacidad
El estudio revela que hay recursos de violencia de género de la Comunidad de Madrid que no son accesibles a las necesidades de las mujeres con discapacidad. Como sucede en el resto de ámbitos sociales, los criterios están homogeneizados para todas las mujeres, lo que deja fuera las necesidades de las mujeres con discapacidad. En el estudio se preguntan, ¿si el cuidador tiene una orden de alejamiento, quién va a procurarle cuidados a esta mujer?
La mayoría de estas mujeres rechazan el único recurso que suelen darles si necesitan cuidados: una residencia. El estudio defiende la asistencia personal como un derecho fundamental para las mujeres con discapacidad ya que, entre otras cosas, favorece su empoderamiento. Se podría aunar el perfil de la asistencia personal con una figura de facilitadora: la persona que hace de puente entre la mujer y los servicios formales destinados a proporcionarle ayuda.
La realidad es que las mujeres con discapacidad experimentan muchas situaciones de desigualdad por el hecho de ser mujeres, pero también por tener una discapacidad. Un 82,2% de las encuestadas afirma haberse sentido discriminada o que le han impedido hacer algo.
El estudio concluye que la magnitud de la violencia que se ejerce contra las mujeres con discapacidad alcanza cifras alarmantes, por lo que se debe dar una respuesta institucional urgente. Entre las recomendaciones para la acción que recoge el estudio está desarrollar campañas de concienciación y prevención donde las mujeres con discapacidad se vean representadas en su heterogeneidad y diversidad, y que vayan dirigidas expresamente a ellas. Esto puede ayudar a que identifiquen y detecten que algo pasa. Es clave promover la autonomía de las mujeres con discapacidad en los procesos de intervención con ellas y también lo es que más allá de la voluntad institucional, es necesaria una asignación presupuestaria que permita planificar cada una de las medidas que se deban tomar contra la violencia de género.
