– Ayer se cumplieron dos años de su entrada en vigor El presidente del Comité español de representantes de Personas con discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez, considera un “auténtico hito” en el campo del derecho
– Ayer se cumplieron dos años de su entrada en vigor
El presidente del Comité español de representantes de Personas con discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez, considera un “auténtico hito” en el campo del derecho positivo la ley que puso fin a las incapacitaciones judiciales de personas con discapacidad, cuya entrada en vigor cumple dos años este domingo.
Pérez entiende que esta ley necesitará al menos una década de cara a su total implantación. Por este motivo, insta a “multiplicar las alianzas” entre distintas organizaciones para que la ley 8/2021, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, “sea una realidad, en su letra y espíritu».
En declaraciones a la revista ‘Escritura Pública’ recogidas por Servimedia, Pérez señaló que se trata de “una ley proceso, en el sentido de que tenerla como derecho positivo es un hito”.
Sin embargo, “requiere un gran trabajo de concreción y de aplicación”, prosiguió, que “va a llevar, al menos, una década”.
Defendió que desde cualquier instancia se ayude a “concretar y materializar” la aplicación de esta ley, que supone que ninguna persona podrá ser privada de su capacidad jurídica y que, a fin de ejercerla, habrá de recibir los apoyos precisos e individualizados que requiera.
«GRAN TRANSFORMACIÓN»
A su juicio, “debemos ser conscientes de que esta gran transformación del sistema jurídico tiene muchas implicaciones sociales, sociológicas, económicas, de formación y de pedagogía”. Por ello, “cada parte debe asumir el trabajo que le toca realizar”, afirmó Pérez.
Como ejemplo de buena práctica, citó la Alianza Apoyo y Autonomía de Cermi, la Fundación Æquitas y la Fundación ONCE, que tiene por objetivos conseguir una óptima implantación de la ley y en el menor tiempo posible, reforzando la información y la formación necesarias para su éxito; movilizar a la sociedad para acompasar el cambio legislativo con una transformación de mentalidad en el trato a la discapacidad, y obtener el apoyo de las personas y entidades sociales que compartan la necesidad de esta transformación. “Esto no es privativo ni está vedado a nadie”, recalcó.
“Son tres partes que se han puesto de acuerdo, pero otras muchas podrían hacer lo mismo en otros foros e instancias”, animó.
Según el presidente de Cermi, “debemos multiplicar las alianzas para convertir la ley, su letra y su espíritu en realidad”.
