El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) reclama a las Cortes y al Gobierno que surjan de las elecciones generales del próximo 23 de julio el incremento al 1% de la asignación tributaria de interés social tanto en el impuesto de
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) reclama a las Cortes y al Gobierno que surjan de las elecciones generales del próximo 23 de julio el incremento al 1% de la asignación tributaria de interés social tanto en el impuesto de la renta de las personas físicas (IRPF) como en el de sociedades.
Como explica el CERMI, «exigimos al futuro Gobierno que promueva con celeridad las modificaciones legislativas pertinentes para elevar del 0,7% vigente al 1% la asignación tributaria de interés social para, así, generar un mayor nivel de recursos destinados a la cohesión social a través de proyectos realizados por el tercer sector de acción social».
En esta misma línea, el Comité demanda al nuevo Gobierno que, una vez constituido y operativo, promueva con urgencia un «acuerdo global con vocación de permanencia» sobre este incremento con las comunidades y ciudades autónomas y la Plataforma del Tercer Sector (PTS).
La petición ha sido aprobada por unanimidad en la asamblea ordinaria de la entidad, en la que también se ha reclamado una modificación de la regulación del estatuto jurídico de las entidades sociales colaboradoras de la Administración General del Estado.
Certidumbre y estabilidad
Para el Comité, este nuevo modelo de sostenibilidad del tercer sector de acción social de ámbito estatal debe caracterizarse por la certidumbre, la estabilidad y la continuidad en el tiempo, así como por la suficiencia, la agilidad y la gestión eficiente de los recursos. Para conseguirlo «se ha de abandonar progresivamente el modelo subvencional y transitar con garantías y previo diálogo a uno fundado sobre un marco de cooperación estable entre la Administración y el tejido social representativo».
Finalmente, y entre otras medidas, la Asamblea reclama a través de los Comités Autonómicos a los gobiernos de las comunidades y ciudades autónomas que completen y desarrollen la legislación sobre concierto social, abriéndola únicamente a la iniciativa cívica social, así como que incorporen a su ordenamiento normativo disposiciones que actualicen «de modo inmediato y automático» el impacto de la subida de costes y precios derivados de la negociación colectiva o de la evolución alcista del mercado de productos, bienes y servicios.
