En calidad de representante de la Comisión Promotora de la proposición de Ley de promoción de la autonomía personal y atención a personas en situación de dependencia, el presidente del CERMI subrayó que es la
En calidad de representante de la Comisión Promotora de la proposición de Ley de promoción de la autonomía personal y atención a personas en situación de dependencia, el presidente del CERMI subrayó que es la cuarta vez que comparece en esta Comisión Promotora ante esta Comisión para defender la ley de autonomía personal. “Casi 10 años de demora, por falta de impulso y compromiso político e institucional, que ha generado frustración y desafección” ha denunciado el presidente del CERMI, agregando que “esperemos que esta sea la definitiva”.
También destacó en su intervención que la legislación reguladora de la Ley de promoción de la autonomía personal, “exige que los promotores sean personas físicas, ciudadanos”, recordando que “el verdadero impulsor de esta iniciativa ha sido el movimiento social de la discapacidad articulado en torno al CERMI, la discapacidad organizada”.
Tras expresar la gratitud y reconocimiento a los casi 740 mil ciudadanos españoles mayores de 18 años, en posesión de sus derechos políticos de sufragio que suscribieron con su firma esta solicitud, Pérez Bueno expuso las razones y motivos por los que desde CERMI solicitan “encarecidamente” el apoyo de todos los Grupos de esta Cámara a la toma en consideración de esta, entre ellas: el copago exacerbado, sin regulación, que “no asegura el ejercicio y garantía del derecho, sino la compra del derecho”. Asimismo, destacó que este sistema castiga a aquellas personas que generan ingresos propios a través de la actividad laboral. Dicho en otras palabras, “cuanto más ganes, más pagas”.
Además, el presidente del CERMI cuestionó que el conocido coloquialmente como copago origina “graves diferencias de trato entre territorios”, y eso es experimentado por las familias y las personas beneficiarias como un “doloroso agravio”. Por ello, el presidente del CERMI propone reformar la Ley 39/2006 respecto al copago confiscatorio, un aspecto que Pérez Bueno califico como uno de los más “controvertidos, problemáticos y críticos”.
Por otro lado, desde el CERMI también se ha planteado llevar a la propia Ley unos criterios básicos sobre determinación de la capacidad económica y sobre participación en el coste. “Estos criterios serían complementados posteriormente mediante norma estatal de rango reglamento”, señaló su presidente, añadiendo que “también se permitiría que las Administraciones territoriales los mejoren, con el horizonte puesto en la gratuidad del Sistema”.
A juicio del CERMI, entre los elementos esenciales de esta Ley para cumplir con los criterios legales mínimos se encuentran:
- limitar la aportación máxima de la persona beneficiaria al 60% del precio de referencia del coste o servicio que reciba
- incluir como nuevos criterios de modulación de la capacidad de renta de la persona la edad y su prolongación en el tiempo en la vida de la persona
Por todo ello, el CERMI solicita el respaldo de los grupos para su toma en consideración, para que pueda debatirse en el Congreso y en el Senado. “Ahora lo que corresponde es tomarla en consideración y permitir que inicie su camino legislativo, acelerado, para compensar el tiempo perdido estos casi 10 años. 740 mil personas esperan impacientes tras años de demora”, concluyo Pérez Bueno.
