El presidente de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), Anxo Queiruga, ha reclamado este martes adaptar y mejorar la normativa sobre discapacidad para cumplir con el artículo 49 de la
El presidente de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), Anxo Queiruga, ha reclamado este martes adaptar y mejorar la normativa sobre discapacidad para cumplir con el artículo 49 de la Constitución Española, recientemente modificado y que a su juicio es un hito histórico, que representa un punto de partida que tiene que llegar a cada rincón de nuestro país”.
Así lo ha manifestado Queiruga durante su comparecencia en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados, a la que ha explicado las discriminaciones a las que se tienen que enfrentar a día de hoy las personas con discapacidad física y orgánica, así como las reivindicaciones de la Confederación para avanzar en el ejercicio de los derechos de este grupo social.
Por ejemplo, ha hecho hincapié en que “las prestaciones dirigidas a la promoción de la autonomía y prevención de la dependencia son residuales en nuestro país”, por lo que “las personas que mayores apoyos requieren se ven muchas veces obligadas a vivir en un centro residencial, sin tener otras alternativas para escoger cómo quiere desarrollar su vida”. “Es necesario promover el derecho a la autonomía personal y conseguir la implantación definitiva y efectiva de la asistencia personal en toda España”, ha añadido.
Asimismo, ha denunciado que “seguimos encontrando barreras cada día en todas las ciudades y pueblos” y ha defendido que “para que deje de haber 100.000 personas encarceladas en sus casas hay que modificar la Ley de Propiedad Horizontal para eliminar los límites que establece para realizar obras de accesibilidad en los edificios”.
“Las personas con discapacidad presentamos tasas de empleo, actividad y desempleo que evidencian una discriminación estructural del mercado laboral”, ha afirmado el presidente de COCEMFE, al tiempo que ha reclamado “una nueva Ley de Inclusión Laboral que oriente y refuerce las políticas activas de empleo para personas con discapacidad”.
En cuanto a educación, Queiruga ha argumentado que “la educación inclusiva es la mejor forma de que cada estudiante tenga el mejor desarrollo posible y la única manera de que tengamos un futuro inclusivo” y reclamado “prevenir la institucionalización de la infancia y medidas y apoyos para reducir las sobrecargas familiares”.
“También hay que conseguir que las actuaciones y políticas en materia de discapacidad tengan en cuenta el género y las políticas de género tengan en cuenta la discapacidad”, ha enfatizado Queiruga, quien ha declarado que “las personas con discapacidad física y orgánica tenemos que ser consideradas por los sistemas públicos de salud como un grupo de interés prioritario y conseguir una equidad territorial real”.
En este aspecto, ha defendido que “hay que promover la cooperación entre el sistema de servicios sociales, el sistema sanitario y el resto de los sistemas, sobre la base de un modelo sociosanitario integrado e inclusivo”. “Es imprescindible una aplicación integral del nuevo baremo de valoración del grado de discapacidad, la puerta de acceso al sistema de derechos establecidos en nuestro país”, que actualmente “se está cerrando, o tarda tanto en abrirse que está impidiendo acceder a los apoyos”, ha añadido.
Asimismo, ha explicado para hacer frente a las discriminaciones que afectan a las personas que viven en las zonas rurales, es necesario “desplegar un plan de movilidad sostenible y accesible, impulsar medidas que favorezcan el acceso a los recursos y garantizar el acceso a una Sanidad Pública digna y de calidad”.
Para finalizar, Queiruga ha hecho hincapié en que “COCEMFE y nuestras organizaciones estamos sufriendo desde hace tres años una reducción de nuestra financiación, que está incluso poniendo en peligro la supervivencia de muchas de nuestras entidades, con las desastrosas consecuencias que esto tendría para las personas que pertenecen a nuestro grupo social” y ha exigido “no solo un reparto justo y equitativo de los recursos disponibles; sino también un cambio de modelo que proporcione una financiación estable para garantizar la continuidad de nuestra acción y seguir atendiendo a las personas con discapacidad más vulnerables”.
