• Así lo ha manifestado el movimiento social de la discapacidad en España en un documento de propuestas de enmiendas para que se modifique y redacte de nuevo determinados aspectos del texto de este proyecto
• Así lo ha manifestado el movimiento social de la discapacidad en España en un documento de propuestas de enmiendas para que se modifique y redacte de nuevo determinados aspectos del texto de este proyecto de Ley.
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha planteado a los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados que refuercen la atención a la discapacidad en la futura Ley Orgánica del Derecho de Defensa.
Así lo ha manifestado el movimiento social de la discapacidad en España en un documento de propuestas de enmiendas para que se modifique y redacte de nuevo determinados aspectos del texto de este proyecto de Ley.
La primera de las enmiendas propone modificar el texto de uno de los artículos para promover que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado estén formados en cuestiones básicas de accesibilidad para mejorar la defensa de las personas con discapacidad en el momento de denunciar o ser informados de un procedimiento judicial.
En este punto, se subraya “la necesidad de remover los obstáculos de toda índole que siguen existiendo a la hora de acceder a la justicia, dada la falta de un análisis jurídico desde un enfoque interseccional” como una de las reivindicaciones sistemáticas expresadas por las mujeres con discapacidad organizadas en nuestro país.
Desde el CERMI, también han querido expresar “su profunda preocupación por la falta de avances en materia de accesibilidad y apoyos al acceso de los recursos de defensa y justicia dirigidos al as personas con discapacidad para que estas puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones al resto de personas”. Por ello, la segunda enmienda propone incorporar a la redacción del artículo 3 incorporando el concepto “universalmente accesible”.
La tercera propuesta gira en torno a la reivindicación de que las mujeres y niñas figuren en los registros, encuestas y estadísticas, que deben contemplar las variables de género y discapacidad. “De igual modo, es crucial extender la asistencia jurídica gratuita a todas las mujeres y niñas con discapacidad, para todo tipo de procesos, con independencia de sus recursos económicos” reza la enmienda y, al mismo tiempo, advierte de la necesidad de “erradicarse la asociación entre peligrosidad criminal y mujer con discapacidad psicosocial y extremar las precauciones para salvaguardar los derechos fundamentales de las mujeres institucionalizadas que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad”.
Asimismo, la cuarta, quinta y sexta enmienda piden, en los artículos 6, 10, 11, 14, respectivamente, la inclusión de la mención expresa a la accesibilidad universal como una de las actuaciones que forma parte del derecho a la defensa. Para ello, las administraciones públicas deben proveer de recursos adaptados y accesibles para que toda persona, independientemente de sus circunstancias o condición, pueda hacer uso de su derecho a la defensa en igualdad de acceso.
Finalmente, el CERMI propone eliminar el concepto “un mayor grado de vulnerabilidad” de la disposición adicional segunda del proyecto de Ley por “en situación de vulnerabilidad” porque, según argumenta el CERMI, “hacer referencia a un mayor grado de vulnerabilidad supone hacer referencia a una escala de medición que, en realidad, no existe” y añade que “se deben atender las situaciones de vulnerabilidad, más allá del grado que éstas puedan llegar a tener”.
